Imagínese un sistema jurídico que debe regular aquello que no pertenece a nadie pero es esencial para todos: la atmósfera, la biodiversidad, los océanos. El derecho internacional ambiental es precisamente ese intento de construir reglas comunes para proteger bienes que trascienden las fronteras nacionales.
Sin embargo, su aplicación enfrenta una paradoja: los Estados son soberanos para explotar sus recursos naturales, pero sus decisiones afectan a la humanidad entera. A lo largo de las últimas cinco décadas, se ha pasado de declaraciones aspiracionales a tratados vinculantes, y recientemente al reconocimiento de un derecho humano a un medio ambiente sano.
Este recorrido revela no solo avances normativos, sino también profundas
desigualdades en la capacidad y voluntad de los Estados para implementar lo
pactado. Comprender esta dinámica es esencial para evaluar si el DIA está
cumpliendo su cometido como garante del bien común y de los derechos humanos
que de él dependen.
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